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Mascotas no, gracias

Propietarios de perros y gatos se consideran discriminados por la decisión del Gobierno vasco de prohibir animales en los pisos de alquiler del programa Bizigune

noticias de animalesSe llamaba ‘Gus’ y era un bulldog francés de dos años y medio, un perro pequeño y sociable que apenas ladraba y que pasaba gran parte del día dormido en un rincón. Sin embargo, los empleados de Bizigune, el programa del Gobierno vasco que capta pisos vacíos de particulares y los ofrece en alquiler a bajo precio, no le querían como inquilino «bajo ningún concepto». Así lo asegura la dueña del ejemplar, Begoña Casillas. A causa de ‘Gus’, la joven getxotarra tuvo que renunciar al piso que le ofrecieron el mes pasado en Erandio y se resignó a probar fortuna en futuros sorteos de viviendas de protección oficial (VPO), unos inmuebles que Etxebide adjudica en propiedad.
 
Begoña escribió una carta a El CORREO para quejarse de la prohibición que, a su modo de ver, es discriminatoria con los ciudadanos que tienen mascotas. «Comprendo que haya gente que piense que un animal puede dejar un piso en peores condiciones. Yo no estoy de acuerdo, pero, aún así, para eso se pide una fianza a quien lo alquila», argumenta. El destino quiso que el mismo día que su escrito fue publicada, el pasado 11 de mayo, el pobre ‘Gus’ muriera de una enfermedad repentina. «De todas formas, ahora no voy a aceptar el alquiler porque se ha muerto mi perro», insiste Begoña. «Sigo convencida de que ellos no tienen razón. Por lo visto, si uno tiene un animal de compañía no puede independizarse con la ayuda de la Administración».
 
Lo cierto es que los contratos de arrendamiento de Bizigune, entidad que depende del Departamento de Vivienda, prohíben las mascotas de manera explícita y estricta. No es ninguna novedad. Los perros y gatos tampoco son bien recibidos en los pisos de alquiler que gestiona otro organismo público del País Vasco, Alokabide, cuyos inmuebles no pertenecen a particulares, como los anteriores, sino a la propia Administración vasca. Esa diferencia explica que Alokabide sólo rechace los animales cuando causan desperfectos o molestan a la comunidad. En cambio, Bizigune es más intransigente porque los pisos no son suyos y porque, además de subvencionar la renta del inquilino, también tiene la obligación de devolver el inmueble como lo recibió del dueño.
 
«Las mascotas pueden causar desperfectos y el seguro que ha suscrito el Gobierno vasco no los cubre», se justifica el director de Bizigune, Roberto Cacho. «No estamos hablando de un canario. Algunos animales causan problemas de convivencia en el vecindario, una circunstancia que puede disuadir a los propietarios que piensan sacar sus pisos al mercado». Cacho cree que el Gobierno vasco no habría movilizado casi 4.000 viviendas vacías hasta ahora si no hubiera sido meridianamente claro en este asunto. «Son pocos los inquilinos que vienen con una mascota. Y a la hora de la verdad, actuamos con flexibilidad. Cuando una persona nos pregunta qué puede hacer con su gato o su perro, consultamos al propietario para buscar una solución».
No obstante, la cláusula que prohíbe las mascotas nunca desaparece del contrato de arrendamiento por si acaso. De hecho, Ana Rubio, que reside en un piso alquilado por Bizigune en Sopuerta, se lamenta de que este organismo no hiciera en octubre pasado una excepción con ‘Pluma’ y ‘Nano’, los dos gatos que había cuidado casi desde que nacieron y que se habían ganado el afecto de uno de sus hijos. No sirvió de nada que un veterinario les hubiera extirpado las uñas para que no rayaran el parqué. Ni poco bastó que el macho, ‘Nano’, hubiera sido castrado sin miramientos, una operación que se realiza para prevenir las épocas de celo de los gatos y evitar así que se vuelvan irascibles cuando viven encerrados en un piso y marquen el territorio con sus orines.
 
«Los echo de menos»
 
noticias de mascotasDespués de haber adoptado tan drásticas precauciones, Ana se pregunta qué problema irresoluble pueden causar sus dos mascotas en la vecindad. «Casi no han salido nunca a la calle -relata-. No me quedó más remedio que desprenderme de ellas para mudarme al piso de Sopuerta». Por fortuna, Ana pudo confiárselas a una persona de su entorno, pero el mes pasado leyó la queja sobre ‘Gus’, el pequeño ‘bulldog’ vetado en Erandio, y también se animó a protestar en EL CORREO. «Cada día que pasa echo de menos a mis gatos», comenta con tristeza.
 
De todos modos, la controversia no concluyó con las tribulaciones de ‘Pluma’ y ‘Nano’, sino que se transformó en un debate jurídico cuando otro lector, Francisco José María del Bello, que no tiene perros ni gatos pero es procurador de los tribunales, rompió una lanza a favor de las mascotas, siempre que no causen problemas en el portal. Del Bello responsabilizó al Gobierno vasco de haber impuesto una cláusula «arbitraria» en sus alquileres. Y apelando a su condición de jurista, escribió en tono admonitorio: «Si sabe lo que le conviene, no se le ocurrirá ni por asomo ejercitar una acción tan absurda como es la de un desahucio basado en la presencia de animales en la vivienda arrendada. Se arriesgaría a una desestimación y a una condena en costas».
 
Un magistrado consultado por este periódico, que ha ejercido durante varios años en juzgados de lo Civil del País Vasco, no se muestra tan categórico como el procurador, como es lógico; pero recuerda que los desahucios obedecen a «incumplimientos graves», como el impago de la renta. «Honestamente -confiesa-, ahora mismo no imagino a un juez resolviendo un contrato de arrendamiento porque el inquilino tenga un perro o un gato pacífico que no causa problemas a nadie».
 
Similar opinión sustenta el abogado José Miguel Alonso, letrado de la asociación Cámara Urbana de Vizcaya. A su modo de ver, el requisito establecido por Bizigune puede interpretarse como una «cláusula abusiva» si se examinan con detenimiento la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley General para la Defensa del Consumidor, la Ley sobre Condiciones Generales de Contratación y el Código Civil.
 
A grandes rasgos, Alonso entiende que la prohibición podría considerarse nula porque no ha sido pactada de forma individual con el inquilino, sino que le ha sido impuesta. Por si fuera poco, continúa el abogado, un incumplimiento grave requiere mala fe y debe vulnerar el núcleo esencial del contrato, lo que no parece plausible si el dueño del animal paga la renta al cajero religiosamente.
 
Ajena a estas alegaciones jurídicas, Ana Rubio advierte de que, cuando Bizigune le ofreció el alquiler subvencionado en Sopuerta, le sugirió que «pueden controlarte para descubrir si escondes los gatos en l
a casa». El director de ese organismo puntualiza que a la Administración vasca no se le ha pasado por la cabeza vigilar a los inquilinos uno por uno para verificar si tienen mascotas y rescindirles los alquileres. Ahora bien, Roberto Cacho aclara que el Gobierno vasco reclamará siempre los desperfectos que pueda causar un animal.
 
Además, Bizigune se guarda una baza. Aunque una mascota no pueda ser motivo de desahucio, los contratos de arrendamiento de esa entidad incluyen otra cláusula que permite al Gobierno vasco retirar la subvención al alquiler, una medida que obligaría al inquilino a pagar una renta muy superior para seguir ocupando la vivienda. Posiblemente, al pobre ‘Gus’ no le hubiera gustado llegar a tal extremo por su culpa.
 
 

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