Todos identificados. Y quien no lo esté, multa de entre 60 y 300 euros. Los propietarios de perros se pueden ir preparando. A principios de año, el registro de sus mascotas será obligatorio en la comunidad, de la misma manera que su identificación a través de un microchip y la tenencia del llamado pasaporte europeo (antigua cartilla sanitaria) para viajes por países de la Unión Europea. Es lo que trae la aprobación del decreto extremeño sobre identificación de animales de compañía, que obliga en el caso de los dueños de canes, pero es optativo en el de los gatos.

 

El decreto entrará en vigor posiblemente esta semana. A partir de ahí, cuentan plazos. Doce meses como máximo tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura para que sus propietarios los identifiquen (se estima que habrá entre 75.000 y 80.000 perros) y un microchip que deberá implantarse en el perro durante los tres meses siguientes a su nacimiento o, como máximo, un mes después de su adquisición. En ese minúsculo sistema electrónico, del tamaño de un grano de arroz o una lenteja, irán los datos del animal y su dueño.

 

Son algunos de los aspectos administrativos de una norma en la que han intervenido decisivamente los colegios de veterinarios. De hecho, los profesionales de la sanidad animal son los que tienen casi todo el poder sobre el asunto. Son los veterinarios -los autorizados por la Junta- los que pueden implantar el microchip en una operación para la que no hay tasas oficiales y, por tanto, podrán cobrar lo que les parezca (un primer sondeo hecho por HOY habla de 30 euros mínimo a abonar exclusivamente por los propietarios); son los veterinarios los que formalizarán la inscripción en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura (Riace), gestionado por sus dos colegios profesionales y a los que no tendrán acceso las asociaciones protectoras de animales; y son los veterinarios los que deben confeccionar el pasaporte del animal -la antigua cartilla sanitaria-, obligado de llevar en el caso de viajes por países de la Unión Europea.

 

María Curiel, directora general de Explotaciones Agrarias y Calidad Alimentaria, argumenta la necesidad del decreto para permitir, de un lado, que haya un censo fiable sobre el que planificar y establecer programas sanitarios, y, de otra parte, para perseguir de manera más eficaz una práctica habitual: el abandono de los perros. La Ley de Protección Animal recoge que, en su grado máximo, la sanción por abandono supone una multa de 1.500 euros para su propietario.

 

 

 

Fuente http://www.hoy.es