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A partir de 2009 los perros deben llevar un chip con los datos del propietario

En el primer semestre sale el decreto que lo hace obligatorio La norma afecta a los canes censados aquí y los de caza, pero no a los gatos

Noticias de perrosSiete años va a tardar en aplicarse la Ley de Protección de los Animales en lo que respecta a la identificación electrónica de las mascotas de compañía; el diputado autonómico socialista José Luis Viñuela anunció ayer que el decreto del microchip verá la luz en el primer semestre del año que viene.

«Creo que ha sido dejadez», explica Enrique Mendoza, presidente de la Asociación en Defensa de los Animales Abandonados de Badajoz, Andana.

Juan Antonio Vicente, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres, que no aporta razones a tanta tardanza, celebra que al menos Extremadura aprenderá de los errores de otras comunidades autónomas; según sus datos, nuestra región es la última en regularlo junto a Murcia.

A partir de la aprobación del decreto, el año que viene deberán estar identificados con un microchip todos los perros con residencia habitual en la región, los que vayan a permanecer más de tres meses, y los que participen en actividades de caza. Para los gatos es voluntario.

PP y PSOE aprobaron ayer en la Asamblea de Extremadura que esa obligatoriedad se regule «en el plazo más breve posible»; fue una concesión de los populares, que en aras de que se lograse un acuerdo por unanimidad dejó aparcada su exigencia de que fuera en el plazo de tres meses.

El artículo 17 de la ley de julio de 2002 fijaba esa obligación de identificación de los canes pero lo aplazaba hasta que saliera un reglamento.

El diputado José Luis Viñuela anunció ayer que la Junta tiene previsto publicar ese decreto en el primer semestre del año que viene, una norma que además del ‘transponder’ pasivo (microchip) va a crear un registro regional de animales de compañía, y un documento de identidad de cada perro similar al pasaporte europeo que regula el movimiento de estas mascotas.

Chip, registro y papel

Es responsabilidad del propietario ponerle el microchip al animal, una operación que harán los veterinarios acreditados mediante un procedimiento similar al de una vacuna, y que deja en la parte lateral del cuello, junto a la base de la oreja, un implante de por vida.

En él va grabado un código de letras y números que identifica para siempre al animal.

Ese código se corresponde con un registro de datos en el que van a figurar los relativos al animal, al propietario, así como los tratamientos sanitarios a que se somete el perro; figuran en una base en poder de los colegios de veterinarios, y de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.

Después de poner el microchip, el propietario recibe un documento de identidad del animal con los datos anteriores y a los que se añaden los del veterinario que ha puesto el ‘transponder’.

El reglamento ha sido ya pactado por una comisión mixta de la Junta y los colegios de veterinarios, que aguardan ahora noticias sobre posibles últimas modificaciones, explica el presidente del colegio cacereño Juan Antonio Vicente.

La Ley autonómica de Protección de los Animales de julio de 2002 fue un texto modélico que ha sido imitado por otras comunidades; pactada con todas las partes, recibió un extenso aprobado de la Asamblea de Extremadura.

Por eso, a la asociación que se encarga de los animales abandonados de Badajoz, Adana, le ha extrañado que la Junta no haya consultado con ellos, a diferencia de lo que pasó con la ley, este decreto de identificación electrónica.

«Que nos escuchen»

Adana presentó 22 sugerencias a la ley de las que 20 fueron tenidas en cuenta. Ahora acaba de escribir al consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan María Vázquez, «para que al menos nos escuchen antes de sacar el decreto», confía su presidente. Adana presentó un borrador completo de decreto y propone una moratoria de dos años: los perros nuevos que obtengan la cartilla sanitaria deben tener microchip, pero los censados hasta ahora tendrían un plazo de 24 meses.

Como el microchip cuesta un mínimo de 30 euros, «nos tenemos que muchos perros quedaran abandonados de golpe», advierte Enrique Mendoza.

Ni Junta, ni veterinarios, ni asociaciones, se atreven a dar un número de cuántos canes domésticos hay en la región.

 

Fuente http://www.hoy.es

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